ELECCIONES EN CHIAPAS, FRAUDE A LA LEY
ELECCIONES EN CHIAPAS, FRAUDE A LA LEY
Senadora Adriana Dávila Fernández
El domingo pasado se renovaron en el Estado de Chiapas las 122 alcaldías y 41 diputaciones locales, de estas,
24 son por mayoría relativa y 17 por representación proporcional; las noticias que circulan al respecto suelen retratar los mismos hechos de siempre: irregularidades que sólo denuncia la oposición, porque para los partidos de la alianza gobernante, se vivió una elección ordenada.
Con el 98 por ciento del total de las 5 mil 958 casillas instaladas y cerca de 200 reportes de incidencias, entre lo que destaca el robo, quema de urnas, la negación a instalar casillas por usos y costumbres y la detención de personas por coaccionar el voto a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) muestran la delantera de las alianzas del oficialista Partido Verde en la elección de Diputados y Ayuntamientos.
Chiapas es un Estado en el que la historia no ha cambiado desde hace ya varios años, es una entidad federativa que
ocupa el segundo lugar en grado de pobreza y marginación a nivel nacional, precedido por Guerrero y seguido por Oaxaca, con 48 municipios con comunidades en la categoría de muy alta marginación y 39 en situación de alta marginación; con graves y permanentes problemas políticos, sociales y económicos, injusticia, desigualdad y discriminación.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 48 por ciento de la población se concentra en zonas urbanas y 52 por ciento en zonas rurales; el 16 por ciento no percibe ingresos y un 45.78 por ciento de la población económicamente activa ocupada (PEAO) gana hasta un salario mínimo.
Un gran porcentaje no cumple con las mínimas condiciones de una vivienda digna; de 1.2 millones de viviendas, el 53.65 por ciento cuentan con algún tipo de hacinamiento, 15.2 por ciento mantienen piso de tierra, el 4.1 por ciento no tiene energía eléctrica, 16.6 por ciento carece de drenaje y servicios sanitarios, 26.5 por ciento no tiene agua entubada; aunado a estas condiciones, la entidad mantiene el primer lugar de analfabetismo a nivel nacional, con un 17.8 por ciento.
Bajo estas circunstancias, con promesas y esperanzas de cambio como muchos mexicanos escuchan en cada proceso
electoral, los chiapanecos se vieron violentados y coaccionados a cambio de su voto; el gobierno estatal continúa con la práctica de métodos y mañas del pasado: corruptelas, desorden administrativo e impunidad.
El proceso electoral en sí mismo no tendría nada de extraordinario en un ambiente democrático y apego a la
legalidad en la contienda electoral. Sin embargo, se presentó una cantidad de irregularidades y el fraude a la ley,
encabezados por los integrantes del máximo órgano de
dirección electoral local.
Por ejemplo, a cinco días de la jornada electoral y a 48 horas del cierre de las campañas de promoción del voto, el
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, aprobó la modificación de candidaturas de los partidos políticos para que cumplieran con la equidad de género. Burda y absurda la violación a la norma
constitucional, pero resultó peor la sustitución, porque en las fórmulas se registraron esposas, hermanas y familiares de los candidatos varones; es el triunfo de la trampa.
La resolución se emite después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el pasado 8 de julio, emitiera sentencia de un recurso de reconsideración que determinó que los partidos políticos debían reponer el registro de postulaciones.
Para la jornada electoral ya no fue posible reimprimir las boletas, así que los chiapanecos marcaron los nombres,
aunque el sufragio contara para las nuevas candidatas.Es por ello que el Instituto Nacional Electoral (INE) inició un procedimiento en contra del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas para investigar el desempeño de las y los consejeros locales.
Previamente el INE rechazó atraer la elección estatal –a petición de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional y Chiapas Unidos- que por ley, esa facultad corresponde a los consejeros del INE o del organismo
electoral local.
Es una pena que a estas alturas tengamos instituciones electorales locales que actúen en función del poder y no de la ciudadanía y de los candidatos.
El deber de todo candidato a cualquier puesto de elección popular es dejar atrás intereses particulares que beneficien a grupos muy identificados con la corrupción del poder.
El oficio político, sin duda alguna, debe centrarse en la búsqueda del bien común, porque los mexicanos todos, del
norte o del sur, del este y oeste, sólo quieren que sus condiciones de vida sean mejores.
RECUENTOS DE LA POBREZA
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) aumenta el número de pobres en México, la economía familiar se ha deteriorado por el alza de los precios en los alimentos. Es deseable la revisión objetiva de las cifras para realizar los ajustes necesarios a las políticas públicas.