TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, EJERCICIO 2014
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, EJERCICIO 2014
Senadora Adriana Dávila Fernández
Sin lugar a dudas, la corrupción representa un serio obstáculo para el crecimiento socioeconómico, pues no sólo altera objetivos, desvía recursos humanos, materiales y técnicos, sino que además lesiona el Estado de Derecho; es por ello que se deben emprender las acciones necesarias para inhibir esta práctica nociva.
Un paso fundamental es garantizar a los ciudadanos el acceso a la información pública; dar privilegio a la transparencia y la rendición de cuentas: conocer qué, quiénes, cómo, dónde, cuándo y cuánto cuestan las decisiones y acciones de nuestros gobernantes. El punto es evitar el abuso y la extorsión de los servidores públicos.
Con el ánimo de trabajar para que lo anterior se fortalezca cada vez más en nuestro país, hago referencia a la comparecencia de la Doctora Ximena Puente de la Mora, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en la sesión de la Comisión Permanente del pasado 17 de junio, en la que rindió el informe anual de labores del ejercicio 2014, del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, ahora INAI, como lo establece el artículo 39 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
El informe presenta la nueva etapa de autonomía constitucional del Instituto, el cual contará con la mayor publicidad posible para que sea garantizada la transparencia a nivel nacional, con alcance en todos los niveles de gobierno, sin excepciones.
De los asuntos resueltos por este Instituto, destaco la acción de proporcionar información a quien lo solicite, cuando se trate de sujetos obligados, aunque en algunos casos se invoque al secreto fiscal, como lo fueron las condonaciones de créditos fiscales, que son de carácter público; el fallo de la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro o la entrega de bases de datos de escuelas, alumnos y maestros de educación básica y especial; la consulta a los pueblos indígenas sobre las obras de infraestructura que afectan a sus comunidades; las resoluciones referentes a violaciones graves en materia de derechos humanos, como en San Fernando y Tlatlaya.
Al margen de los datos que reflejan interés de los ciudadanos por conocer y vigilar el desarrollo del quehacer público –a través del número de visitas (más de 44 millones) al portal correspondiente-, así como las tareas de capacitación, aprovechamiento de las tecnologías de la información y promoción de la cultura de la transparencia por parte del INAI, hay que destacar el incremento en el cumplimiento de las resoluciones emitidas por parte de los sujetos obligados, con el 98.8 por ciento, aunque el porcentaje es alto, la percepción social aún es negativa en cuanto a la corrupción e impunidad, lastres sociales que debemos erradicar desde cualquier espacio público.
Basta de llamados estériles para combatir actos corruptos y deslindar responsabilidades, sin que nada cambie y nadie rinda cuentas de hechos que han dañado la imagen y la credibilidad de la clase política.
Un gobierno, sindicato o partido político, que utilice recursos públicos y se precie de ser democrático, no debe manifestar reservas ni dudas en materia de transparencia para asumir los compromisos, retos y responsabilidades contraídos; deben rendir cuentas a la sociedad mexicana y explicar con claridad el por qué de sus acciones. La población en general tiene derecho a verificar el desempeño de sus autoridades mediante información puntual.
Como lo señaló el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Miguel Barbosa Huerta: “transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, materializan un derecho moderno, nuevo e irrenunciable para todos los mexicanos”. Yo agregaría que es un derecho humano que nos permita avanzar como sociedad y erradicar la corrupción; merecemos gobiernos eficaces y garantes de bienestar común.
Además del informe, se comunicó que en unos días, en específico hoy 23 de junio, se instalará el Consejo que edificará el Sistema Nacional de Transparencia, para dar cumplimiento al mandato legal consagrado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública promulgada el 4 de mayo pasado, esperemos que dicho Consejo abone al gran pendiente que tiene nuestro país en esta materia.
RECUENTOS DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA
La Secretaría de Educación Pública reportó que se aplicó la evaluación en el 82.7 por ciento de los maestros. Es lamentable que no se aplicara en la totalidad del país en detrimento de la calidad educativa de miles de niñas, niños y adolescentes. La ley no debe estar sujeta a negociaciones.