LA PLURALIDAD EN LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA
LA PLURALIDAD EN LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA
Sen. Adriana Dávila Fernández
Sin duda alguna, en la construcción y perfeccionamiento de las leyes que norman la
convivencia social, se requiere diálogo tolerante y capacidad para lograr acuerdos entre las
distintas fuerzas políticas representadas en los espacios legislativos.
El conocimiento de los distintos problemas, así como las interpretaciones y formas de atención
son diferentes entre los parlamentarios; eso es parte de la pluralidad. Por ello es deseable un
trabajo exhaustivo, responsable e incluyente. Todas y todos los actores están llamados a
proponer ideas, compartir experiencias y manifestar lo que consideren necesario para el
fortalecimiento de las leyes.
En febrero de 2014, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto por el que se
reformaban y adicionaban diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de
transparencia. Por distintas razones -entre ellas la falta de voluntad política de unos cuantos
para atender las demandas de una sociedad que requiere información clara y precisa sobre la
administración pública-, no se lograron los consensos necesarios y se dio lugar a un vacío legal.
En distintos foros el Partido Acción Nacional (PAN), ha manifestado la necesidad de contar con
un Sistema Nacional Anticorrupción. Por eso, ha impulsado la ley general de transparencia
para beneficio de los ciudadanos, dado que es un requisito indispensable para el
funcionamiento de las instituciones democráticas.
El pasado 18 de marzo, las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de
Gobernación; y de Estudios Legislativos Segunda, con el apoyo de varias organizaciones, así
como personalidades expertas en la materia de transparencia, presentaron ante el Pleno del
Senado de la República el dictamen al Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece con certeza y obligatoriedad
para el Estado mexicano, el derecho a la información pública que tenemos todas y todos los
ciudadanos de nuestro país.
Se señalan las bases generales y procedimientos que permitirán el ejercicio libre y auténtico de
este derecho constitucional. Toda autoridad, entidad, órgano u organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como cualquier ente público o privado, persona física o
moral, que reciba y administre recursos públicos, tendrá la obligación de rendir cuentas de lo
que reciba, pero también de sus actos de autoridad, acorde a sus facultades. Se debe generar
la información y ponerla en plataformas tecnológicas para su acceso.
Esta ley general representa avances para el país en materia de transparencia. Con el Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se podrá
cerrar el círculo de rendición de cuentas entre la federación, los estados y los municipios,
todos bajo las mismas reglas del juego. Es decir, hay más de 40 obligaciones comunes a todos
los sujetos obligados: Poderes de la Unión –evidentemente el Senado-, Sindicatos, Partidos
Políticos, fideicomisos y fondos públicos, con lo que se pone un freno a la discrecionalidad en
la aplicación de las normas, puesto que dichos sujetos generarán la información que se les
requiera, o de lo contrario, serán sancionados.
De igual forma, se da la obligatoriedad de aplicar la prueba de daño y de interés público en el
momento de la clasificación de la información; se amplía el catálogo de las obligaciones de
transparencia proactiva; se respeta la autonomía de los Órganos Reguladores.
Procederán las denuncias ciudadanas ante incumplimiento de obligaciones, transparencias, así
como las sanciones a servidores públicos que no cumplan resoluciones del IFAI. Será pública la
información sobre violaciones graves de derechos humanos, así como el manejo de los
recursos públicos, operación de las políticas y programas, convenios y contratos celebrados
por dependencias públicas, mecanismos de adjudicación directa o licitación en adquisiciones u
obras públicas; estructuras orgánicas, directorio de personal, tabuladores salariales, monto de
También esta ley general incluye mecanismos para hacer accesible la información a personas
con discapacidad.
Es cierto, el proyecto de decreto por el que se expide la ley general es perfectible. Es un
esfuerzo de pluralidad legislativa que busca atender uno de los reclamos constantes de la
sociedad en su conjunto: transparencia y acceso a la información pública, para evitar la
opacidad y combatir frontalmente la corrupción que tanto ha lastimado la credibilidad de la
clase política. Tocará a la Cámara de Diputados pronunciarse sobre el dictamen aprobado.
Esperemos que sea a favor de la transparencia y rendición de cuentas.
RECUENTOS DE LA IMPUNIDAD EN EL PRI-DF
Hace casi 12 meses, producto de un trabajo de periodismo de investigación, se puso en
evidencia al otrora líder del PRI en el Distrito Federal, en cuyas oficinas supuestamente se
solicitaban recepcionistas y/o edecanes –con mentalidad abierta- para realizar servicios
sexuales al “jefe”, con cargo a la nómina de ese partido político.
Con el trabajo periodístico de una reportera encubierta, se tiene claridad en los dichos de la
persona que entrevista a las aspirantes laborales. El audio que existe al menos deja espacio
para la duda sobre la comisión del delito, cuya obligación de investigar recae en las
autoridades del Distrito Federal. Es cierto que nadie es culpable hasta que se demuestre lo
contrario, pero también son ciertos los múltiples señalamientos incluso de militantes de su
propio Partido que evidenciaban este tipo de comportamiento del líder priísta.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emplazó al PRI-DF a definir la situación
del militante Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre al interior de su partido. Después de una
discusión intensa en la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del propio instituto político,
que llevó a su presidenta a renunciar, sólo se decidió suspender, por el momento, sus
derechos partidistas. Impunidad y lucro electoral. Indignante la simulación de justicia.