Respalda Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) trabajo del Senado para que se reforme la Ley contra Trata de Personas.
-La sentencia de la CIDH se convierte en jurisprudencia para México.
Redacción
CDMX.- Jueces y abogados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
respaldaron el trabajo de la Comisión Contra la Trata de Personas que encabeza la
legisladora por Tlaxcala, Adriana Dávila Fernández, para que se aprueben en la Cámara de
Diputados las reformas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos
Delitos.
Y es que los especialistas de la Corte coincidieron en señalar que México requiere de una
ley vanguardista, eficaz y eficiente para castigar con penas severas a los delincuentes,
además de garantizar programas que prevengan, protejan y atiendan a las víctimas.
Durante la presentación de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos
Humanos en el caso de trabajadores de la Hacienda Verde vs Brasil, el juez Patricio
Pazmiño Freiré, dio a conocer los criterios y conceptos que señaló y aplicó en materia de
trata de personas y esclavitud, como referente del Sistema Jurídico Interamericano y
Nacional.
Ante representantes de la sociedad civil, Poderes Judiciales, Procuradurías Generales de
justicia, fiscalías, de Comisiones de Derechos Humanos, instituciones educativas,
organismos empresariales y autónomos, el juez de la CIDH también habló sobre la
actualización de los conceptos internacionales en la materia y la responsabilidad de los
Estados que forman parte del Sistema Interamericano en la prevención, persecución,
sanción, y protección integral de las víctimas.
La Senadora Adriana Dávila, agradeció el apoyo que recibió por parte de la Corte, pero
además advirtió que seguirá en la lucha para erradicar este delito en el país, exigirá al
Gobierno Federal, entidades federativas y municipales la difusión de programas
preventivos.
Precisó que la resolución de la CIDH se convierte en jurisprudencia para su aplicación de la
norma en el país, pues México pertenece al sistema interamericano.
Destacó el trabajo coordinado de las Comisiones de Derechos Humanos, de Justicia y
Contra la Trata de Personas del Senado y la CNDH, las cuales caminan en el mismo
sentido.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña
agregó que en el país se debe resolver la armonización del Protocolo de Palermo, para que
México atienda de manera debida, los elementos legales claros y precisos para fincar
responsabilidades penales frente a una comisión de delito que tiene que ver con trata de
personas.
La senadora Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia, puntualizó que
este delito afecta prácticamente a todos los países y, en este contexto, el Senado de la
República ha trabajado intensamente para avanzar hacia la construcción de instrumentos
normativos que combatan el problema con mayor eficacia.
El Primer Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),
Ismael Eslava Pérez, apuntó que la sentencia del caso de los Trabajadores de la Hacienda
Brasil Verde vs Brasil, es una resolución histórica porque es la primera vez que la
prohibición de lo que se denomina “trabajo esclavo” es aplicada a un caso concreto en el
continente, considerado como responsabilidad y deber de un Estado el enfrentar la
esclavitud y la trata de personas.
Carlos Gaio, abogado de la Corte Interamericana, dijo que la sentencia revisa toda la parte
normativa existente sobre la prohibición de trata, esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso
en mecanismos del derecho internacional general, del derecho penal internacional, del
derecho internacional humanitario, de convenciones regionales de Derechos Humanos, y de
estatutos de los tribunales ad hoc internacionales.
La también abogada de la CIDH, Georgina Vargas, indicó que la responsabilidad del
Estado brasileño respecto a actos de particulares donde no actuó directamente, deviene de
una falta de acción en los hechos del caso y, sobre todo, porque el Estado tenía
conocimiento de la situación en que se encontraban los trabajadores de la Hacienda.
Finalmente, Edgar Corzo Sosa, Quinto Visitador General de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, manifestó que de tener más conocimiento sobre la sentencia de la
CIDH, se le habría allegado información del caso Comondú, en México, para que se tuviera
un contexto más amplio.
Puntualizó que los resultados de la resolución emitida por la Corte Interamericana para
Brasil, también obliga a México en el tema, ya que se están fijando estándares y se debe
actuar en consecuencia.
