“Año de Hidalgo” en verificentros por corrupción, denuncia ADF
-La senadora Adriana Dávila denunció posibles actos de corrupción de la CGE al obligar a los verificentros de la entidad a comprar equipo de alta generación “dinamómetro” por más de 200 veces su valor en el mercado, por lo que pidió al Congreso de local intervenir ante este hecho que mantiene a los dueños de estos verificentros a denunciar por temor a perder sus concesiones.
Rubén Hernández
La senadora Adriana Dávila Fernández, denunció que la Coordinación General de Ecología (CGE) es cómplice de corrupción hacia los verificentros que fueron obligados a adquirir equipos de última generación para controlar las emisiones de contaminantes al incluirse Tlaxcala en el proyecto de la Megalópolis, esta compra dijo fue obligada por los funcionarios estatales en su “Año de Hidalgo” con una sola empresa por más de 200 veces su valor actual en el mercado.
En conferencia de prensa la senadora panista por Tlaxcala, refirió que esta presunta corrupción será exhibida con un exhorto desde la máxima tribuna del país, para que Tlaxcala revise la medida aplicada e incluso llamó al mandatario estatal Mariano González Zarur y al Ejecutivo electo, Marco Antonio Mena Rodríguez para que observen esta situación y la entidad no sea presa de la “corrupción”, según dijo al señalar que impacta a los empresarios e incluso a los mismos dueños de los vehículos.
Así, refirió “reitero que por omisión o acción es complicidad de las autoridades hasta del propio gobernador…”, sostuvo al denunciar públicamente este hecho, sin mostrar documentos o datos precisos sobre la presunta corrupción que dijo existe hacia los 32 verificentros.
Y es que expuso, la CGE a través de sus funcionarios y servidores públicos condicionaron a los dueños de las Unidades Ciudadanas de Calidad Ambiental (UCCA´s) mejor conocidos como verificentros, a comprar un “dinamómetro” por un valor de un millón 200 mil pesos a la empresa SP, cuando otros concesionarios han comprado el mismo equipo a otras empresas con un costo de 500 mil pesos, de ahí que refirió “una autoridad no puede obligar a comprar a una empresa específica un instrumento de medición de contaminación que tampoco es la panacea de la verificación”, sostuvo sin mostrar documentos o datos que avalen esta supuesta corrupción.
Asimismo, exhibió que además los dueños de los verificentros son obligados a ser certificados por la misma empresa SP por un costo adicional de 80 mil pesos, cuando otras empresas realizan esta misma acción por 50 mil pesos, por lo que reiteró que es corrupción y la contaminación es utilizada como una bandera.
Ante ello, hizo un llamado al titular de la CGE, Néstor Montañez Saucedo y al director de Planeación y Evaluación de esta misma dependencia, Alí Chumacero López, a revisar este tema y a que rindan un informe ciudadano y expliquen el porqué de la medida aplicada y evitar con ello más sospechas de corrupción al interior del gobierno local, ya que exhibió la senadora panista esto refiere dijo “podría ser negocio personal de algunos funcionarios que están en tres meses de su año de Hidalgo”, sostuvo.
Incluso, llamó al Ejecutivo local y al mandatario electo a tomar cartas en el asunto para evitar más suspicacias.
Sin embargo, señaló que como senadora de Tlaxcala ella no podría presentar ningún tipo de denuncia penal sobre este asunto, pues tendrían que ser los propios empresarios dueños de los verificentros quienes tendrían que proceder legalmente, pero que dijo no lo han hecho por miedo a que el gobierno les quite sus concesiones, por ello llamó al Congreso local a intervenir y que se investigue este asunto, pero que ante el hecho sería llevado a la tribuna del Senado de la república donde será evidenciado.
Finalmente, la senadora panista, Adriana Dávila Fernández, considero que las condiciones del estado no son acordes al proyecto de la Megalópolis, pues Tlaxcala dijo sólo cuenta con 336 mil 104 vehículos en comparación con la Ciudad de México (CDMX) en donde se calcula que circulan 3 millones de vehículos diariamente.
