MISIÓN INCUMPLIDA
MISIÓN INCUMPLIDA
Senadora Adriana Dávila Fernández
Después de la entrega del Tercer Informe de Gobierno, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong se presentó en el Senado de la República, para exponer el estado que guarda la política interior del país.
En el marco de la glosa de este Informe, contamos con un espacio para dialogar entre Poderes, para dar voz a los ciudadanos, y sobre todo, para que se nos rinda cuentas a quienes somos representantes populares, ejercicio que posibilita el debate entre las distintas visiones que existen sobre la construcción de nuestro querido México.
Acción Nacional, fiel a su trayectoria parlamentaria realizó una crítica responsable sobre el informe de los asuntos relacionados con la gobernabilidad del país y que son preocupación de los mexicanos, fundamentalmente la inseguridad, el respeto a los derechos humanos y la corrupción, temas que al no tener líneas claras de acción de cara a las y los mexicanos, han vulnerado la credibilidad de nuestras instituciones y del actuar de los servidores públicos.
Con respecto a las declaraciones del ciudadano Presidente sobre la defensa de su proyecto de que: “Es un principio elemental de responsabilidad democrática, perseverar en el proyecto de nación por el que votaron los mexicanos”, considero importante aclarar que no todos los mexicanos votamos por él, por lo que deben considerarse distintas voces en el actuar público. Es esta pluralidad la que nos debería hacer Lo cierto es que tanto quienes votaron por el presidente Peña, como quienes no lo hicimos, demandamos ajustes en las políticas públicas,
porque lo que se ha llevado a cabo hasta ahora no ha funcionado.
Estoy cierta de que los mexicanos que votaron por un cambio de rumbo, lo hicieron pero no para la simulación, la corrupción, la impunidad o el conflicto de intereses, ni para regresar a un Estado autoritario que lucra
con la pobreza, viola los derechos humanos para conseguir sus fines y debilita el poder de las instituciones.
A lo largo de los últimos 12 meses se han presentado hechos que reflejan la grave crisis de derechos humanos que se vive en el país; la debilidad institucional para garantizar el Estado de derecho y el cinismo de algunos
integrantes de la clase política.
Nadie puede estar ajeno a los más de 43 mil 900 homicidios dolosos que reporta el Sistema Nacional de Seguridad Pública en esta administración, mismos que según la Consultoría Lantía, alrededor del 54 por ciento están
relacionados con la delincuencia organizada, es decir, se dieron casi 24 mil muertes violentas. Ningún habitante puede estar tranquilo con el reporte de casi 3 mil 800 secuestros o con saber que se han denunciado poco más
de 17 mil extorsiones; un promedio de cuatro y 18 casos por día.
Y lo más preocupante es que en estos hechos están involucrados ex integrantes de corporaciones encargados de la seguridad pública.
Un punto sensible y delicado es el relativo a la identificación de cuerpos encontrados en alrededor de 300 fosas clandestinas localizadas en territorio nacional, así como la búsqueda y localización de desaparecidos
que, a la luz de notas periodísticas, de marzo a junio de 2015, suman ya mil 360 personas, lo que nos lleva a un total de 26 mil desaparecidos.
El Gobierno federal se comprometió a depurar el registro de personas y, a pesar de las cifras, el informe omite los resultados o el grado de avance.
La situación de la migración no es mejor en el país; siguen los accidentes de “la bestia”, los asaltos a migrantes, y bueno, ni siquiera la Coordinación Frontera Sur rindió buenos frutos, por lo que supongo que ante la reestructuración programática de la administración pública, este organismo está por desaparecer. Por ello cuestiono si era necesaria una nueva área o era obligación fortalecer el Instituto Nacional de Migración.
Un asunto más que demuestra la vulneración de los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes y mujeres, principalmente, es el delito de trata de personas con fines sexuales y laborales, entre otros más, y lo es por su
incidencia. Por algo es considerado el tercer delito más lucrativo en el pais.
De ahí lo preocupante de lo escueto en el tratamiento de este delito en el Tercer informe, aunque incluya a mexicanos migrantes en situación de vulnerabilidad.
Es fundamental el combate frontal al delito, su prevención y la atención a las víctimas, por eso inquieta la falta de coordinación entre los distintos ordenes de gobierno.
No es posible que una instancia tan importante como la Comisión Intersecretarial, sólo compile resultados obtenidos por otras instituciones, incluso sea cómplice de la mala atención a las víctimas, usadas como
estrategia de mercadotecnia para cualquier fin, incluidos los electorales.
Ninguna instancia responsable cuenta con datos duros, con el número de personas rescatadas, atendidas y en proceso de reinserción social. Sin medición no es posible la evaluación.
En diversos foros de impacto mundial, el Gobierno federal ha señalado que el tema de los derechos humanos es prioritario. Sin embargo, la percepción a nivel nacional e internacional es distinta, debido la cotidianidad de actos violentos, sea al norte, como en Tamaulipas o en el centro o al sur de México. No hay garantía ni respeto a las libertades mínimas ni a los derechos humanos.
Existe una disminución en el número total de recomendaciones emitidas por la CNDH a la Administración Pública Federal, sin embargo, México ocupa el primer lugar sobre quejas de presuntas violaciones a derechos humanos presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos
Por otra parte, se reconocen las dificultades inherentes al establecimiento de mecanismos de control, como es la implementación del mando único.
A un año de distancia, los informes indican que continúan los graves abusos de las autoridades y las complicidades internas.
Es así que los ciudadanos han detectado graves desviaciones entre lo prometido en la campaña electoral del 2012 y los actos de gobierno. Se sienten agraviados ante los evidentes actos de corrupción, los conflictos
de interés y el tráfico de influencias, a través del pago de facturas –quizás electorales–; hasta se pone en duda la conformación del equipo de trabajo del Ejecutivo, especialmente en la Secretaría de Gobernación.
A tres años, esta área de la administración se convirtió en zona de desastre: hoy no hay confianza en el gobierno, y el Ejecutivo está reprobado ante la opinión pública. Si no hay confianza, no hay gobierno.
Cumplir con la obligación asignada es una tarea que demanda compromiso, responsabilidad y eficiencia; requiere supervisión constante, honesta y ética para detectar las desviaciones en los objetivos planteados.
No podemos seguir con el mismo rumbo, hay que revisar los procesos, evaluar el desempeño de los servidores públicos para combatir el narcotráfico, la toma clandestina de ductos de Pemex, la trata de personas, el secuestro y las extorsiones, que mucho hieren, denigran y exponen a la sociedad en su conjunto. Es fundamental contar con
acciones de gobierno inmediatas y efectivas para garantizar los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas, jornaleros, activistas, periodistas,
migrantes, hombres y mujeres que anhelan vivir en paz y con libertad, por eso exigen seguridad a sus autoridades responsabilidad y esperan el respeto escrupuloso a sus derechos humanos.
CNDH: DE LA COMPASIÓN O INDOLENCIA A LA ACCIÓN
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dado un paso fundamental con la campaña preventiva contra la trata de personas “LIBERTAD SIN ENGAÑO SIN PROMESAS FALSAS”.