SOBRE LAS DECLARACIONES DEL LIC. CÉSAR CAMACHO PRESIDENTE CEN-PRI

SOBRE LAS DECLARACIONES DEL LIC. CÉSAR CAMACHO
PRESIDENTE CEN-PRI

redacción

Ante las palabras del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional sobre Cuauhtémoc Gutiérrez, de quien considera que “ha desplegado durante muchos años una presencia política personal y grupal que, para nosotros, no sólo es respetable, sino importante. Y un partido no podría ser totalmente incluyente si no respeta a todos quienes han entregado tiempo e intelecto por el partido», como Presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas e integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, me permito hacer las siguientes consideraciones:
Son lamentables los dichos del Licenciado César Camacho, dado que parece ignorar que detrás de las denuncias existentes en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez, se encuentran asuntos tan importantes como la presunta comisión de un delito, pero más allá, está el hecho de lacerar la dignidad de las mujeres afectadas y violentar sus derechos humanos.

Omitir la responsabilidad de quienes lucraron con las víctimas para engancharlas en una presunta red de prestación de servicios sexuales, es abonar a la corrupción de la justicia e impunidad.

El dirigente nacional sobrepasa sus atribuciones, pues antes que conseguir votos, debe ser fundamental el escrupuloso respeto a los derechos humanos. No es posible desvincular el trabajo político con las actuaciones públicas de las personas que tienen un liderazgo específico. Las prácticas indebidas que lastimaron la dignidad y los derechos humanos, deben castigarse con todo el rigor legal.

Si bien cada partido político tiene sus propias reglas y procedimientos de operación, lo cual es muy respetable, lo que es indignante es que ante la conducta reprobable del ex-dirigente capitalino, se privilegie el peso electoral más que la salvaguarda de la integridad de las víctimas del presunto delito de explotación sexual. Que insistimos debe investigarse.

Cuidar los votos es tarea inherente de los Partidos Políticos, lo cual no debe estar por encima de los derechos humanos. Lucrar con las necesidades laborales es deleznable. Ningún líder puede hablar de respeto “a quienes han entregado tiempo e intelecto por el Partido”, cuando el exdirigente capitalino, precisamente actuó de manera presuntamente ilegal.

No se encuentra justificación cuando se señala que “es un reto encontrar una forma de diferenciar el trabajo político… que incluso nos han ayudado a ganar espacios”. Cada instituto político tiene la libertad de inclusión y participación de sus militantes, así como de avalar el desempeño de su comportamiento, pero ante la opinión pública, es importante conocer la procedencia y circunstancias de los votos obtenidos en las urnas.

En este asunto, los retos son la impartición de justicia, erradicar las prácticas indebidas que lucran con las necesidades de mujeres que buscan un trabajo, así como inhibir el uso de recursos públicos para pagar la prestación de servicios sexuales.

Las Senadoras y los Senadores de todos los Grupos Parlamentarios, en su momento, reprobamos las prácticas indebidas del otrora dirigente del PRI en el DF. Respetuosos de no mezclar lo político con las evidencias de abuso, manifestamos nuestro rechazo a cualquier tipo de protección de acciones que no tienen justificación y solicitamos por los canales conducentes, la investigación oportuna y sin sesgos políticos. Sin duda alguna, los hechos deben ser investigados con objetividad, responsabilidad y veracidad.

Por último, en este caso, como en el de La Gran Familia, en el Estado de Michoacán, o Casitas del Sur, en el Distrito Federal, se han detectado deficiencias en el marco legal. Por ello, hacemos un llamado respetuoso a la Cámara de Diputados para que a la brevedad, dictamine la minuta en materia de Trata de Personas, aprobada por unanimidad en el Senado de la República en febrero de este año.
Con las modificaciones aprobadas se tendrán mejoras jurídicas palpables en la impartición de justicia y el combate a la impunidad. Lo que México necesita es garantía legal para todas las víctimas.